En Chile, aún somos relativamente vírgenes en cuanto a prácticas coercitivas de los productores discográficos o cinematográficos se refiere. Por eso, y aún cuando la IFPI-APDIF se empeñe en iniciarnos, todavía nos horrorizan las campañas de terror emprendidas por la RIAA estadounidense, donde ni siquiera los muertos están a salvo de pagar sus tonadas de ultratumba.

Sin embargo, si en verdad desean conocer los extremos a los que pueden llegar estas organizaciones cuando se trata de cebar sus dividendos, no es directo al norte hacia donde debemos dirigir la mirada, sino un poco más al este: a España.

Sucede que desde 1992, la madre patria se transformó en el sueño de todo recaudador de regalías cuando la SGAE - equivalente a nuestra SCD - consiguió que se aprobara el cobro de un polémico impuesto (canon) sobre todo dispositivo que permita la copia de contenidos protegidos, lo que comprende desde fotocopiadoras a grabadores de video, e incluso CDs y DVDs vírgenes.

Como supondrán, este canon ha sido muy resistido tanto por fabricantes como por consumidores, no sólo porque eleva el precio de los insumos (hasta duplicarlo en algunos casos), sino porque asume que los clientes son ladrones.

En efecto. No importa si lo que quieres es guardar documentos, fotos de las vacaciones, videos caseros, música bajo CC o programas de código libre: la SGAE asume que vas a piratear a uno de sus “protegidos” y debes pagar por ello. Tabla Rasa.

Injusto, ¿verdad? Pero los tormentos de los españoles no se detienen ahí.

Como si no le bastara recaudar ya la friolera de 120 millones de euros (86.400 millones de pesos chilenos), ahora la SGAE reclama que los consumidores hispanos deben pagar por todo dispositivo capaz de hacer o almacenar una reproducción.

¿Qué significa esto en la práctica? Pues asestar el gravamen a computadoras, cámaras digitales, reproductores de MP3, impresoras, escáneres y hasta… ¡los faxes!.

Según la Asociación de Empresas de Electrónica, esto encarecerá en un 25% el precio de todo dispositivo tecnológico en España, elevando la recaudación anual de la SGAE hasta por lo menos 500 millones de euros (360 mil millones de pesos chilenos).

Disparatado como suena, el Palacio de La Moncloa parece estarlo considerando.

Esto porque la ministra de cultura ibérica, Carmen Calvo, declaró a la agencia EFE que “es imposible sostener la gratuidad absoluta de las transformaciones”, afirmando que las carteras de Industria y Cultura deberán acercar sus posiciones ya que “el Gobierno esta empeñado en proteger la propiedad intelectual”.

De hecho, ya se anunció que la decisión sobre el tema - que debía tomarse antes de concluir marzo - se atrasará, en lo que se considera es un intento por sobrellevar las elecciones de mayo sin cargar con una medida que - según se vaticina - resultará claramente impopular.

A estas alturas, sólo resta preguntarse cuánto falta para pagar también por la tinta de los bolígrafos. Pobre España.